Mañana 19 de agosto de 2012, se celebrará en Puerto Rico un referéndum en el que se le consultará al pueblo de Puerto Rico sobre la posibilidad de enmendar la Constitución para derogar el derecho absoluto a la fianza, en caso de una acusación criminal de un puñado de delitos. Se justifica esta limitación al derecho de fianza como parte de las herramientas para atender la gran ola criminal que afecta al país. La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) entiende que la enmienda constitucional propuesta no es necesaria, justificada, ni pertinente para atender la violencia y criminalidad que nos envuelve y agobia.

¿Por qué no se justifica la enmienda? Se asume que limitar el derecho a la fianza disminuirá la cantidad de delitos cometidos. Sin embargo, informa la Sociedad de Asistencia Legal que

• De los 100 casos de asesinato, en un año, que atendió la Sociedad de Asistencia Legal de Puerto Rico alrededor del 90% estuvo preso sin fianza;
• La fianza promedio fue de $725,000.
• Ninguna de las personas que prestó fianza evadió jurisdicción estando bajo fianza;
• En los últimos tres (3) años sólo se le revocó la fianza a 2.7% de personas bajo la supervisión de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio por haber incumplido con las condiciones impuestas.
• Ninguna de estas personas fue imputada de otro delito mientras estuvo en fianza por asesinato.
No hay evidencia alguna que demuestre que el derecho a la fianza incide sobre la criminalidad.

Uno de los asuntos medulares que se ha soslayado en el debate actual se refiere a la ineficacia del enfoque punitivo. Aumentar las penas, así como limitar o eliminar el derecho a la fianza, no previene los delitos ni ataja la incidencia criminal. De hecho, ni siquiera sirve como pena por un delito cometido. No se ha logrado nada si no se logra capturar a los/as presuntos criminales y procesarles efectivamente a través de la Rama Judicial. Añade la Dra. Irma Serrano-García, Presidenta de la APPR : “Más que seguir criminalizando conductas o manteniendo a las personas encarceladas sin oportunidades reales de rehabilitación, es necesario atajar el asunto de la conducta violenta y criminal desde un enfoque preventivo; ya sea mediante prevención primaria, secundaria o terciaria.”

Como asociación profesional, que vela por la salud mental individual y colectiva, entendemos importante señalar algunos de los efectos de la encarcelación de una persona en su psiquis, en su vida familiar y afectiva, en su carrera profesional, en su comunidad. El hecho de estar privado de libertad produce un estado de privación sensorial y de las funciones laborales y familiares.

Debemos destacar el impacto de una encarcelación errónea, o sea, la de aquella persona que se encarcela siendo inocente. En estudios recientes se ha informado un estimado conservador de que entre 3-5% de las personas encarceladas en los E.U. son víctimas de encarcelación errónea. En nuestra Isla, a pesar de no contar con unas estadísticas exactas, la misma Cámara de Representantes de Puerto Rico, a través de su Comisión de lo Jurídico y Ética, emitió un informe en el 2009 en el que expresó: …existen en Puerto Rico y en el mundo una gran cantidad de convictos que están cumpliendo sentencias por delitos que no han cometido.

Estudios recientes han demostrado que muchas de las personas, aun luego de períodos de encarcelación breve al salir:

• mostraron miedo al encontrarse con agentes del orden público,
• recurrían al aislamiento social,
• sufrían de ansiedad, depresión y estrés post-traumático
• encontraron sus relaciones familiares fragmentadas
• tuvieron dificultad en conseguir empleo, y
• perdieron sus derechos parentales

Estos síntomas eran mayores a menor tiempo en prisión.
La Dra. Yesenia Delgado, Coordinadora del Grupo de Prevención de Violencia y Criminalidad de nuestra Asociación añade: “Como psicólogos y psicólogas tenemos el deber moral, y una obligación ético-profesional de preguntarnos si esta persona, encarcelada sin ser declarada culpable, podrá recuperarse; si podemos como sociedad, sobrevivir los efectos de esta medida a nivel familiar, profesional y comunitario y si es necesaria su encarcelación, como medida supuestamente preventiva sin éxito comprobado, para evitar su potencial reincidencia”.

En resumen, la propuesta enmienda constitucional sobre el derecho absoluto a la fianza carece de evidencia empírica que la respalde y se muestra como una propuesta llana y vaga para atender el problema de criminalidad de la Isla. Más aun, incide sobre la salud mental individual, familiar y comunitaria de las personas imputadas de delito, a quienes no se les ha probado todavía la comisión de crimen alguno.

Por las razones expuestas, la APPR, se pronuncia en contra de la enmienda constitucional y exhorta a la Rama Ejecutiva y Legislativa a buscar propuestas contundentes y fundamentadas para prevenir la ola de violencia en todos sus niveles, así como asegurar la rehabilitación de las personas confinadas.
Para mayor información se pueden comunicar con:
Irma Serrano-García, PhD

Presidenta
Asociación de Psicología de Puerto Rico
(787) 751-7100
(787) 319-2106

Yesenia Delgado, PhD
Co-coordinadora,Grupo de Interés de
Prevención y Criminalidad
(787) 365-8672